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Angulo Por: Jorge Díaz Navarro Suspicacias del Papel que Harán los Magistrados Anticorrupción

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* Se sabe que todos tienen fuertes vínculos con las administraciones de Eruviel Ávila y de enrique Peña Nieto, por lo que se teme estos actúen solamente para absolverlos de lo que se les acuse.

* Los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional exhibieron cartulinas en las que acusaron una selección “a modo” y que los elegidos tienen un “evidente conflicto de interés”.

* El nombramiento más cuestionado ha sido el de Baruch Delgado Carbajal como magistrado de la Sala Superior Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

 

Los cinco nuevos magistrados anticorrupción del Estado de México —quienes permanecerán en el cargo 10 años y se encargarán de sancionar los actos deshonestos graves de servidores públicos y particulares— asumieron funciones la semana pasada, en medio de polémicas por sus vínculos con las administraciones de Eruviel Ávila y de Enrique Peña Nieto.

Lo anterior lo señala la reportera Adriana Uribe de CNN-Expansión, quien agrega que el nombramiento fue aprobado por mayoría en el Congreso estatal, donde los diputados de Morena y una fracción del PRD cuestionaron la decisión y aseguraron que otros ciudadanos mejor preparados y autónomos podrían ser designados en esos puestos. Incluso, los legisladores morenistas exhibieron cartulinas en las que acusaron una selección “a modo” y que los elegidos tienen un “evidente conflicto de interés”.

Las críticas de los legisladores de izquierda –señala la nota de la reportera de Expansión- se basan en que los magistrados —que fueron propuestos por el gobernador Eruviel Ávila, como marca la nueva legislación en la materia— ya han tenido otros cargos públicos en territorio mexiquense, lo que puede restarles independencia para actuar contra la corrupción. En respuesta, los aludidos aseguran tener las credenciales suficientes para su nueva tarea.

El nombramiento más cuestionado ha sido el de Baruch Delgado Carbajal como magistrado de la Sala Superior Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Abogado egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca, Delgado fue juez civil y presidente del Poder Judicial estatal. Además, dentro del gobierno mexiquense fue apoderado legal y jefe de Trámites Jurídicos, así como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

Para los diputados de izquierda, esta trayectoria muestra su cercanía con el gobernador y que, cuando dirigió la CODHEM, fue omiso en la atención de abusos contra ciudadanos y otros problemas graves, como los feminicidios. Sin embargo, él aseguró en entrevista con Expansión que fue vigilante de la administración actual, que emitió varias recomendaciones y que incluso impugnó la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública.

Otro nombramiento fue el de Víctor Alfonso Chávez López en la Segunda Sala Superior Especializada. El nuevo magistrado cursa un doctorado en Derecho Constitucional y Penal y ha ocupado diversos puestos en el Poder Judicial, como secretario de Acuerdos, oficial judicial en el Instituto de la Judicatura Federal, y actuario y secretario en la sección de amparo del Juzgado Tercero de Distrito del Décimo Octavo Circuito.

Teresita del Niño Jesús Palacios fue designada por el Congreso para la Tercera Sala Superior Especializada. En su caso, destaca que fue funcionaria del Poder Judicial y, dentro de la administración mexiquense, subprocuradora regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia, ahora convertida en Fiscalía General.

Los nombramientos los completan Luis Octavio Martínez Quijada, para la Sala del Valle de México, y Alberta Virginia Valdés Chávez, para la Sala del Valle de Toluca.

Martínez es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y fue vicepresidente del TJA. En tanto, Valdés Chávez es doctora en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México y fue titular del Tribunal Especializado en justicia penal para adolescentes y magistrada en otras salas unitarias, así como subprocuradora de justicia en Cuautitlán Izcalli.

La elección de todos ellos se deriva de la creación del sistema local anticorrupción, en el que aún está pendiente la selección de los integrantes del comité ciudadano.

Expertos advierten que el combate a la corrupción depende en buena medida de cómo empiecen a aplicarse las nuevas normas en la materia a nivel local, así como de la integración de las instituciones que diseñarán políticas, revisarán el comportamiento de los funcionarios, investigarán irregularidades y sancionarán las faltas que se detecten

 

Las voces ciudadanas en el Sistema Nacional Anticorrupción

 

Los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA que recibieron su nombramiento en febrero anterior fueron entrevistados por Expansión sobre los retos que les esperan en el combate a los actos corruptos.

 

POR UN COMITÉ VIGILANTE: JACQUELINE PESCHARD MARISCAL

 

Jacqueline Peschard será la primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana y dice estar convencida de que uno de sus principales desafíos será vigilar que las demás instancias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cumplan con su labor.

Por ejemplo —señala—, si se da a conocer un escándalo de corrupción y la fiscalía especializada en la materia es omisa en atraer el caso o actúa con lentitud, el órgano tendrá la obligación de hacer pública la situación y de exhortarla a poner manos a la obra.

“El comité lo que tiene que hacer es asegurarse de que va vigilando y va llamando la atención sobre lo que va haciendo cada autoridad y le toca a cada quien”, dice Peschard, quien ha sido académica, consejera electoral y comisionada federal de transparencia.

Peschard estará en el comité un año. Será su presidenta durante ese tiempo, y desde ese cargo dirigirá la elaboración de recomendaciones para el combate a la corrupción y dará seguimiento a los acuerdos que se realicen entre los integrantes del SNA.

Ella y sus cuatro compañeros deben resolver dos puntos para poder llevar a cabo su labor: conformar un secretariado ejecutivo que ayude a dar sustento técnico a sus decisiones y propuestas de políticas públicas y crear canales de comunicación para que la sociedad sepa que será escuchada.

“El otro gran reto es que se logre convencer a la ciudadanía de que efectivamente el Comité de Participación Ciudadana lleva la voz de los ciudadanos, la voz de las organizaciones, y por lo tanto tiene que estar abierto a cualquier tipo de sugerencias, denuncias, etcétera”, dice Peschard, quien advierte que México debe vencer numerosas “resistencias” y trampas en el combate a la corrupción.

Cita el caso del gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Aunque la administración del ex priista —hoy prófugo de la justicia— tenía buenas calificaciones en materia de transparencia, las autoridades federales detectaron desvíos de recursos a través de la contratación de una red de empresas fantasma.

Frente a este y otros casos similares, Peschard admite que existen prácticas arraigadas que no solamente van haciendo una cultura, sino una gran tolerancia hacia este tipo de actos por parte de la ciudadanía.

“Tenemos que modificar las prácticas para que poco a poco se vaya modificando la cultura frente a los actos de corrupción”, señala Peschard, quien reconoce que ella misma alguna vez llegó a dar una “mordida” a policías de tránsito.

 

UN ÓRGANO INCÓMODO: LUIS PÉREZ DE ACHA

 

Aunque en su adolescencia sucumbió ante una “mordida” para evitar una sanción cuando se llevó a escondidas el auto de su papá, hoy, con una destacada carrera como abogado, piensa que esa acción no tiene congruencia con la lucha contra la corrupción que ha adoptado en los últimos años.

El doctor en Derecho por la UNAM, uno de los nuevos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, advierte que si éste no mete la suficiente presión y se vuelve un órgano incómodo, entonces todo el sistema anticorrupción se caerá.

“La única razón que justifica la participación ciudadana en el SNA es meterle presión, porque de otra forma nos vamos a quedar en lo mismo: impunidad y corrupción, y yo en lo personal no estoy dispuesto a asumir eso”, dice Pérez de Acha al afirmar que no será parte del comité para respetar formalidades, sino para estar del lado de los ciudadanos, pues al igual que ellos está enojado con la corrupción.

El abogado explica que todas la manifestaciones de inconformidad de la sociedad, en redes sociales y protestas, avivan la conciencia y motivan a realizar acciones concretas, y que corresponde actuar a quienes tienen los conocimientos legales para hacerlo.

Este es precisamente el camino que ha tomado Pérez de Acha como abogado, al promover amparos contra los desvíos de recursos en educación, la deuda en Chihuahua y contra Grupo México por los daños al medio ambiente.

Para el litigante, la aplicación de las leyes debe ser pareja sin tener “ánimo de venganza”, pues si empieza a ser selectiva se pierde el Estado de derecho. “Cuando la aplicación de sanciones es selectiva, se convierte en injusticia. Se aplica parejo o es injusticia”, afirma al considerar que aunque el camino legal es largo y está lleno de baches, es el que se debe seguir.

Ante los varios retos que tienen por delante los cinco integrantes del comité, considera que los de mayor riesgo y costo social para ellos son que se dejen seducir por el poder, los reflectores y el glamour, y que los otros entes del SNA los saboteen no proporcionándoles la información suficiente, lo que entorpecería su labor.

 

A RESISTIR PRESIONES: MARICLAIRE ACOSTA URQUIDI

 

Para Mariclaire Acosta, la idea de que la corrupción en México es un problema de origen cultural —como lo planteó el presidente Enrique Peña Nieto en 2014— es “una falacia”.

“Creo que la corrupción es institucional, responde a situaciones como la falta de participación, la falta de transparencia, la discrecionalidad de las autoridades, una serie de factores. Desde luego, genera una cultura, pero no es un fenómeno cultural, esa no es la causa, la corrupción tiene múltiples causas”, dice.

Ella misma reconoce que “una o dos veces” ha dado “mordida” para librar infracciones de tránsito y que esto refleja que la corrupción “es también de los ciudadanos, no solamente de las autoridades”.

En ese contexto, la directora de Freedom House en México y ex subsecretaria para los Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asegura ser consciente de que el Comité de Participación Ciudadana del SNA enfrenta una tarea cuesta arriba en el combate a las prácticas corruptas, y de que en ese camino se topará con trabas de los actores públicos o privados que se vean afectados por sus recomendaciones y políticas.

“No me cabe duda de que vamos a ser objeto de presiones. Yo, a lo largo de mi trayectoria como funcionaria pública y como dirigente de organizaciones de la sociedad civil y en la causa de los derechos humanos, desde luego que he sido objeto de presiones, y creo que sí va a pasar”, comenta.

Acosta, quien estará en el comité dos años, cree que la manera que ella y sus compañeros podrán resistir esa presión será estableciendo “un vínculo estrecho con la ciudadanía” y con una conducta ejemplar en materia de transparencia, a través de acciones como presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

“Por lo menos en lo que toca a nuestras vidas personales, estamos todos presentando la declaración 3 de 3. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos predicando con el ejemplo. No tenemos nada que esconder”, afirma.

 

PASAR LA ÚLTIMA BARRERA: JOSÉ OCTAVIO LÓPEZ PRESA

 

El consejero fundador de la organización Causa en Común se refiere al problema de la corrupción como una situación de incentivos. Para él, la falta de éstos provoca que los ciudadanos y los servidores públicos prefieran hacer algo indebido que cumplir con la ley.

No obstante, López Presa dice que también tiene que ver con la vigilancia, pues si los encargados de controlar, analizar o supervisar no hacen su trabajo, los servidores públicos toman la salida fácil.

“Los servidores dicen ‘pues no pasa nada si hago algo indebido, no voy a ser castigado, voy a salir impune’, entonces lo hacen. En cambio, si hubiera una autoridad que se encargara de vigilar y de asegurarse de que no queden impunes, pues muchos ciudadanos y muchos servidores públicos actuarían de una manera diferente”, dice.

El integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac y dice que nunca ha dado una “mordida”. De acuerdo con el ex comisionado del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI, ahora INAI), la debilidad en la cadena de la corrupción está en que no hay una última barrera para detenerla.

Dice que este muro son los contralores y, por lo mismo, esa parte del Sistema Nacional Anticorrupción es la que tiene que ser muy “sólida”. “Tiene que ser la columna vertebral, que logre detener las actuaciones indebidas de los servidores públicas”, afirma.

López Presa reconoce que al cumplir con su mandato en el comité le gustaría ver que en verdad él y sus compañeros lograron ser el catalizador de un cambio, que lo que está en la letra de la ley se lleve a la práctica y que la corrupción empiece a reducirse en México de una manera clara y sostenida.

“El reto es enorme, estamos empeñados en que este país cambie y necesitamos el apoyo de la sociedad y de muchos mexicanos que están deseosos de un cambio y que quieren un México donde la corrupción sea la excepción y no la regla”, reitera.

 

LAS REDES CIUDADANAS: ALFONSO HERNÁNDEZ VALDEZ

 

“Yo no concibo una política anticorrupción de largo plazo sin la participación de la sociedad civil”, sentencia el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago al explicar que una de sus principales propuestas para el Comité de Participación Ciudadana es que se creen al menos dos redes ciudadanas: una académica y otra de la sociedad civil, a través de las cuales “se vuelva explícita la voz de la sociedad”.

El académico del ITESO dice que los ciudadanos deben volverse aliados del comité, pero que también deben tener buena relación intergubernamental con los demás entes que conforman el Comité Coordinador del SNA (la Auditoría Superior de la Federación, el Poder Judicial, la Secretaría de la Función Pública, entre otros).

Entre las tareas que tendrán está la puesta en marcha de las plataformas electrónicas y la medición de la corrupción. El comité tiene ahí una tarea interesante: tratar de empezar a medir el fenómeno de la corrupción, que hasta ahora ha sido determinada por la percepción, para poder establecer mecanismos de evaluación y rendición de cuentas cumplibles.

Para Hernández Valdez, quien dice que nunca ha dado una “mordida”, el rol del Comité de Participación Ciudadana es servir como un “engrane vital para que el resto del engranaje pueda ponerse en marcha”, lo que representa un gran reto colaborativo.

“En la medida que el comité emita buenas políticas anticorrupción y prácticas de prevención de faltas administrativas —en el mediano plazo—, las cosas pueden empezar a cambiar para bien. Creo que el comité tiene una labor de vigilancia, pero sobre todo de diseño institucional, de diseño de política pública, eso es algo que se ve de manera integral y que desde mi punto de vista no se ha visto en el pasado”, plantea.

Espera que en el mediano y largo plazo se hayan colocado los cimientos para abatir la corrupción en el país, pues aunque el fenómeno es complejo y en todos los países sucede, en México se salió de control.

“Esperaría que (dijeran) que el comité cumplió sus expectativa y logró establecer políticas y cimientos para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione y que estén dadas las bases para que esto (la corrupción) vaya cediendo y no sea un lastre económico para el país”, dice sobre sus expectativas para el final de su periodo….Y es todo por hoy, después estaremos con ustedes con más de esto y aquello.

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